Cómo incorporar la perspectiva de familia en las políticas públicas en beneficio del menor

Resumen

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se define la familia como el elemento natural universal y fundamental de la sociedad, con derecho a la protección de la sociedad y del Estado (DUDH, art. 16.3). Hoy la gran mayoría de las personas en España viven en familia, una institución que según las encuestas (INE, 2019) sigue siendo importante para las personas. Sin embargo, los cambios sufridos en ella –crecimiento de la monoparentalidad,
rupturas conyugales, decrecimiento de la natalidad, envejecimiento de la población– así como los efectos de la incorporación masiva de las mujeres
al mercado de trabajo –con el debate asociado sobre el cuidado de los dependientes en manos de un nuevo grupo social extranjero, el cuidatorio, que
asume estas tareas–; todo ello unido a las dificultades de emancipación de los jóvenes, inmersos en la doble realidad de un mercado laboral que no le
ofrece las mismas oportunidades que a sus padres, plantea la necesidad de reabrir el debate sobre la necesidad de políticas familiares, de manera que
la sociedad civil asuma este momento como una gran oportunidad para hacerse visible, reivindicar sus derechos y elevar sus demandas a los poderes
públicos, a las empresas y a la sociedad en su conjunto. Sólo de este modo la familia podrá seguir ejerciendo las funciones que una sociedad considera imprescindibles para el desarrollo de capital social: generación y educación de la prole, transferencia social y solidaridad intergeneracional