El derecho a la tutela jurídica en la vida religiosa

Resumen

En el marco de los principios rectores de la revisión del actual CIC se establece expresamente que deben ser reconocidos y tutelados los derechos de cada fiel, dado que la defensa de los derechos es inherente a la dignidad de la persona y, por tanto, imperativa. Sería una falacia declarar derechos que en la práctica no pudiesen ser reclamados ni defendidos; por tanto, es responsabilidad del legislador tutelar el derecho a la defensa de un religioso frente al abuso de potestad de un Superior y oponerse desde el marco jurídico a eventuales actos de abuso en el ejercicio de potestad. Frente a esto, se plantea la interrogante: ¿qué opciones reales tiene el religioso en el ordenamiento jurídico de la Iglesia para conseguir la restitución del daño y reparar una eventual injusticia padecida? En las instancias para ejercer el ius defensionis de un religioso, a diferencia del derecho secular, constatamos que, en el instituto religioso, gobernado por sus autoridades, el Superior es juez y parte, lo cual no asegura la imparcialidad. En el marco de lo expuesto anteriormente, una vez agotadas las instancias canónicas, todos los consagrados tienen el derecho a recurrir, por medio de un recurso jerárquico, al Romano Pontífice, quien imparte justicia por medio de los organismos competentes de la Curia Romana.